Las ciencias sociales latinoamericanas han discutido prolíficamente el concepto de crisis, sin llegar jamás a una definición monolítica sobre sus significados. Esta ausencia de consenso, no obstante, dista mucho de ser una incoherencia. Hay una relación estrecha entre las variadas definiciones de crisis y la diversidad de los procesos reales que las inspiraron. En Latinoamérica, especialmente desde los años 50´s, esta heterogeneidad responde a la particularidad de contextos sociales, económicos, culturales y políticos encarnados por los países de la región internamente, en su vinculación con los países del entorno y en su relación con procesos geopolíticos globales.

Con todo, y sin querer adherir a generalizaciones improductivas, se puede distinguir, en la crisis política detonada en Brasil desde mediados de 2014, una persistente característica estructurante. La comprensión de esta característica puede conducirnos a una interpretación de lo que viene pasando en este país en su vinculación con los escenarios de los países limítrofes, especialmente en el Cono Sur, pero también más allá de él.

Mi reflexión parte de una constatación que roza la tautología: las crisis constituyen procesos sociales. Con esto, me refiero a que son producidas y no dadas y, por lo mismo, devienen de la acción de las partes involucradas en un conflicto que se presenta, para estas mismas partes, como insoluble. Se carece, así, de formas de mediación que enmarquen las disputas en un proyecto común (o mínimamente compartido). Esta ausencia de marcos comunes genera, a su vez, la sensación de que cualquier disidencia, de que cualquier diversidad de opinión, es amenazante.

En Brasil, se ha distendido, por obra de una ingente campaña comunicacional movida por las más prestigiosas cadenas nacionales de comunicación, un sentimiento público –compartido por amplios sectores de la población–, de que el país está efectivamente partido en dos facciones. En las conversas familiares, en los bares, en la fila del pan y entre colegas de trabajo, brasileños y brasileñas se identifican (e identifican a los demás) como parte de uno u otro bando. Prima la constatación colectiva de que entre estas dos facciones hay un abismo: una distancia insalvable de lectura de la realidad y de interpretación de los eventos políticos.

Esta perspectiva dicotomizante ha logrado provocar que toda la nación se imagine polarizada entre “los de izquierdas”, que apoyan al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, o a cualquier otro partido contrario al Gobierno de Michel Temer, y los que se adhieren a una supuesta caza en contra de la corrupción. Estos últimos, en el inicio del golpe que destituyó a Dilma Rousseff, en 2015, encontraban en los partidos de la centro derecha –especialmente el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)–, sus figuras emblemáticas. Con todo, tras la revelación de que los representantes de estos partidos constituyen la mayoría absoluta entre los 123 políticos imputados por corrupción en el “Lava a Jato” (el operativo de investigación que se lleva a cabo desde hace cuatro años en Brasil), les resulta cada vez más difícil a los movimientos anticorrupción encontrar figuras públicas que encarnen sus contradictorios ideales de asepsia política.

Hablo de “ideales contradictorios” porque, por lo general, esta facción expresa un odio creciente hacia los políticos de izquierdas pero ha tendido a perdonar la vida a aquellos personajes de la centro derecha imputados por el desvío escandaloso de recursos públicos, o bien flagrados en situaciones de corrupción carnavalesca –rayando la ficción fantástica–.

Ejemplo de lo último es Geddel Vieira Lima (PMDB), ex Ministro de la Secretaría de Gobierno de Michel Temer, en cuyo departamento se encontró, en septiembre de 2017, lo equivalente a unos 15 millones de dólares en efectivo, derivado de sobornos recibidos en sus escasos meses de actuación ministerial. El detalle surrealista, como para decirlo de alguna manera, es que los billetes (los cuales rellenaban ocho maletas familiares y más de seis cajas de mudanza) estaban repletos de impresiones digitales y de otras partes corporales del propio Geddel. Lo anterior nos autoriza a preguntarnos sin remordimientos qué habrá hecho este señor con esta plata en la intimidad de su residencia.

Podríamos seguir citando otros ejemplos, como la conversación telefónica entre el propio Michel Temer (PMDB) y el empresario de JBS, Joesley Batista, en la que acuerdan sobre la necesidad de sobornarle con cantidades estratosféricas de dinero a Eduardo Cunha (PMDB, articulador del impeachment de Rousseff), quien amenazaba con develar públicamente los esquemas de corrupción en que ambos estaban involucrados. O el audio en el que Romero Jucá (PMDB) le dice al expresidente de una empresa subsidiaria de Petrobrás (Empresa brasileña de Petróleo), Sérgio Machado, que era necesario sacar a Dilma Rousseff del poder para “frenar la sangría” que significaba las investigaciones anticorrupción que tuvieron inicio en el mandato de la presidenta. En una grabación que hoy resulta a los brasileños como un guión de todo lo que ha acontecido en los último años, Romero Jucá habla de hacer un acuerdo con los políticos del PSDB, de comprar el apoyo del Supremo Tribunal Federal para que se puedan aprobar las irregularidades jurídicas necesarias para el golpe, y anuncia que la persona a ponerse en lugar de Rousseff sería Michel Temer. Si no fuera una tragedia real, podríamos incluso indicar Jucá al Oscar de mejor guionista original.

Todos estos ejemplos sirven para explicar lo que ha devenido en el caso brasileño: la producción del discurso de la facción “anticorrupción” es parte de la propia narrativa que engendra el golpe y la actual conformación de una irregularidad en los procedimientos democráticos brasileños. A contracorriente de lo que enuncia, esta narrativa no promueve una lucha anticorrupción, sino que sirve de álibi a la destitución de los poderes que permiten la averiguación de las mafias de licitación de obras y servicios públicos tramados entre los partidos políticos y empresas.

Esta contradicción sirve para explicar, entre otras cosas, las decisiones del Supremo Tribunal Federal que el pasado miércoles, 04 de abril de 2018, decretó la prisión de Lula antes incluso de que se terminaran de juzgar los recursos presentados por sus abogados de defensa. Lula, a quién se le acusa de haber recibido un departamento de unos 650.000 dólares estadounidenses, fue condenado a 12 años de cárcel, mientras figuras emblemáticas del PMDB, como el senador José Serra, que recibió aproximadamente 7 millones de dólares irregulares de la empresa Odebrecht, ha tenido su caso archivado por la Ministra Rosa Weber, del mismísimo Supremo Tribunal Federal de Brasil. (La misma que votó a favor del encarcelamiento de Lula). En un caso, se atropella la presunción de inocencia del sujeto y se le deniega los derechos de defensa negativa frente al Estado (dos pilares del concepto contemporáneo de ciudadanía). En otro, se le perdona indiscriminadamente todos los delitos a un sujeto sin siquiera llevar a buen término las investigaciones. La diferencia entre uno y otro, nos devuelve, una vez más, a la división del país en dos facciones.

Con todo, estamos convocados a reconocer que esta bipolaridad entre facciones se ampara en una narrativa de ficción: un país tan heterogéneo como Brasil produce visiones de la realidad que difícilmente pueden clasificarse o separarse entre dos bandos. Pero su carácter de inventiva social no implica que no sea sentida por la gente como cierta. De hecho, parte de la eficacia de esta narrativa tiene que ver con el hecho de que esta dicotomía se va desplazando y amoldando para reconfirmar las brechas e inequidades sociales, así como los enfrentamientos identitarios que atraviesan el país a lo largo y a lo ancho.

Así, la polaridad entre los de izquierdas y derechas viene significando, al mismo tiempo, la fractura social entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, entre favelados y urbanizados, entre los del sudeste (región industrial brasileña) y del nordeste (región más pobre y desigual del país). No sin espanto, hemos visto recientemente que esta oposición también se viene materializando en un enfrentamiento entre aquellos que quieren democracia y quienes piden a voz abierta en el espacio público una intervención y una nueva dictadura militar.

Paralelamente, la bipolaridad reproduce, imposible no verlo, una fractura electoral: ella expresa en términos identitarios la separación de dos grandes grupos votantes en las últimas elecciones presidenciales del 2014. En uno de los balotajes más reñidos desde la vuelta a democracia (que se pactó en 1986 y fue oficializada en 1988 con las primeras elecciones presidenciales en 29 años), Rousseff obtuvo un 51,6% de los votos, mientras Neves alcanzó un 48,3%. En aquella ocasión, 54,6 millones de brasileños votaron, lo que significa que la diferencia entre la presidenta y el segundo candidato fue de unos 3,5 millones de votos.

Así, gran parte de los atropellos democráticos que se están produciendo en Brasil responde a la acción irracional de las élites que, al verse incapaces de llegar al poder por las vías democráticas, optan –como lo hicieron reiteradamente en la historia del país– por dar por superado su compromiso con el consenso democrático.

Crisis como estas, dados sus contornos e intensidades, hacen que la gente las perciba como una desorganización de sus “lugares comunes”: de aquél conjunto de nociones que ellas toman por sentado (como “lógicas”, como “naturales”) y que constituyen su punto de partida seguro para interpretar el mundo que las cerca y las relaciones de las cuales participan, como alguna vez reflexionó el antropólogo argentino Alejandro Grimson. En Brasil, la gente viene sintiendo que la democracia está, paulatinamente, dejando de componer sus “lugares comunes”. Ya fuera porque se encarcelan ciudadanos más allá del curso previsto de los procesos jurídicos; o porque se producen asesinatos sumarios, en las calles de las grandes urbes, de opositores políticos; o porque se vienen encarcelando a rectores de las universidades públicas que demuestran su inconformidad con el proceder del gobierno en ejercicio.

Como nos hace recordar la historia reciente de América Latina, las crisis de la región han sido, también, articulaciones transnacionales. Ellas han movido redes que difícilmente estaban contenidas en el territorio de un único país. Hemos observado, reincidentemente, que las crisis son notablemente más habilidosas que las personas y que las mercancías en su forma de cruzar las fronteras nacionales. Es urgente que los Estados latinoamericanos discutan los sucesos recientes en Brasil. Estos procesos recuerdan con demasiada intensidad la pérdida de las libertades democráticas de décadas precedentes como para que los brasileños sean dejados, por los países de su entorno, a su propia suerte. La cuestión democrática en Brasil hoy es un problema de todos los latinoamericanos.

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